La comunicación social como profesión es altruista y de admirar, pero, lamentablemente hay quienes la utilizan para malinformar y confundir las mentes de la población en general.
¿Quiénes han escuchado hablar de que en Colombia los contratos de prestación de servicios han llegado a su fin?
Los titulares de las noticias en Colombia no paran de decir eso, lo cual es una mentira.
El amarillismo puro se sigue proliferando y nos sigue impactando ¡Seguimos por más en este nuevo año!
Lo primero que hay que aclarar es que los cambios que eventualmente lleguen frente a las contrataciones por prestación de servicios serán de aplicación para el sector público y no para el sector privado. Esto quiere decir que, para los micro y grandes empresarios no se acabará la posibilidad de vincular personas a sus negocios por medio de esta clase de contratos. Al menos no por ahora.
Entonces ¿Cuál es nuestro panorama actual?
Hoy hay más de 930.000 personas vinculadas con las Entidades del Estado bajo la modalidad contractual por prestación de servicios. Aunque no todos, una gran parte de ellos están vinculados desde hace años, desarrollando funciones que terminan demostrando la existencia de un contrato realidad, es decir, un verdadero contrato laboral. Esta situación fue evidente para las Altas Cortes en Colombia y, en el 2022 tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado se pronunciaron sobre la importancia de que las Entidades Públicas formalizaran sus relaciones de trabajo y dejaran de utilizar figuras como la prestación de servicios profesionales para enmascarar verdaderas relaciones laborales.
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Así las cosas, el pasado 30 de diciembre de 2022 se conoció de parte del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública la Circular Conjunta 100-005 del 2022 en la cual se mencionan los lineamientos para la formalización del empleo público en Colombia. Entre esos lineamientos está el “uso racional de los contratos de prestación de servicios atendiendo exclusivamente lo establecido en la ley y en los fallos judiciales.”
Seguidamente, la Circular en mención indica que las Entidades Públicas tendrán un plazo de cuatro (4) meses, contados a partir del 1 de enero de 2023, para elaborar los estudios técnicos requeridos y determinar cuál será la planta temporal de personal necesaria y suficiente que supla las necesidades misionales y administrativas correspondientes en cada Institución y Órgano Estatal.
En otras palabras, las Entidades del Estado tendrán desde enero de 2023 hasta abril de 2023 para revisar su presupuesto y determinar si tienen o no los recursos para formalizar la contratación y determinar cómo proceder en los siguientes años; esto es, si reducen la contratación por prestación de servicios y aumentan la planta de personal o si definitivamente no lo pueden lograr.
En palabras de César Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública:
“Los dineros que se están pagando a los contratistas se suman para formalizar el empleo, ya sea a través de ampliación de plantas o vinculación que tanto hoy existen o a través de plantas temporales en equidad y con vocación de permanencia.” (Entrevista en audio exclusiva para el Diario Caracol el 06/01/23).
¿Será que el actual Gobierno de Colombia está jugando con el futuro de las personas?
Lo siguiente que diré es mi humilde opinión como columnista:
El Gobierno no juega con las personas, él juega el rol que le corresponde para mantener un equilibrio más o menos organizado en la Administración Pública.
Como ciudadanos y/o residentes en Colombia no estamos para lanzar piedras al Gobierno de turno sino para reconocer los verdaderos alcances de cada movimiento que se realiza y cada pieza del rompecabezas que se juega desde los altos mandos y, a su vez, para datearnos a través de fuentes confiables que nos brinden perspectivas más cercanas a la realidad.
¿Qué concluiremos?
En primer lugar, que en el 2023 no se acabarán los contratos por prestación de servicios en Colombia. Debe surtirse primero un proceso que, según vaya avanzando definirá el futuro de las relaciones de trabajo en las Entidades Públicas.
En segundo lugar, que el Gobierno en cabeza de sus directores están procurando acabar con la precarización del empleo público para que no se sigan utilizando los contratos por prestación de servicios profesionales como instrumento electoral de los líderes políticos de turno. Esperemos que no se quede solo en el papel.
Por último, la invitación está dirigida a informarnos por medio de fuentes confiables para analizar y filtrar la información que llegue a nosotros, retener lo que es real y saber expresarnos – comentar y charlar – ante los demás.
