La Procuraduría General de la Nación solicitó a las autoridades activar medidas urgentes de seguridad en las zonas rurales de Ataco, Tolima, ante reportes sobre la posible retención de cinco personas y dos homicidios ocurridos en el municipio. El organismo de control pidió priorizar la protección de la población campesina e indígena, así como de quienes viven en áreas donde se presentan riesgos de orden público.
La solicitud fue dirigida a las autoridades departamentales y municipales, que deberán adelantar las acciones correspondientes para establecer el paradero de las cinco personas presuntamente retenidas. La Procuraduría también indicó que las labores de búsqueda y las verificaciones en el territorio deben estar a cargo de las instituciones competentes, con el fin de reducir la exposición de los habitantes a posibles situaciones de peligro.
Investigaciones por dos homicidios
El Ministerio Público relacionó su alerta con dos homicidios registrados el 25 de octubre: una de las víctimas era una adolescente de 16 años y la otra era una persona adulta. Por estos casos, pidió a la Fiscalía General de la Nación, la Policía, el Ejército y la Alcaldía de Ataco concentrar esfuerzos en el esclarecimiento de los hechos y en la identificación de los presuntos responsables.
La entidad señaló que la situación también puede afectar a los familiares de las víctimas, a los dirigentes sociales y a las comunidades que habitan en la zona. En ese contexto, solicitó fortalecer las capacidades de investigación criminal y de inteligencia para avanzar en los procesos judiciales y prevenir nuevos hechos violentos.
- Cinco personas: las autoridades deben establecer su paradero tras reportes de posibles retenciones en áreas rurales.
- Dos homicidios: ocurrieron el 25 de octubre y las investigaciones fueron solicitadas a la Fiscalía, la Policía, el Ejército y la Alcaldía de Ataco.
- Instituciones educativas: la Procuraduría pidió medidas para estudiantes, docentes y directivos ante posibles intimidaciones.
Solicitud de protección para las comunidades
Entre las medidas requeridas está el refuerzo de la presencia institucional y de la seguridad en los sectores rurales, además de la activación de rutas de prevención y atención humanitaria. La Procuraduría pidió que estas acciones contemplen a las comunidades campesinas e indígenas y que se garanticen condiciones de protección para sus habitantes.
El organismo de control también incluyó a los establecimientos educativos en sus requerimientos. Solicitó adoptar medidas dirigidas a estudiantes, profesores y directivos, debido a las advertencias sobre posibles intimidaciones en los entornos escolares. La actuación busca que la respuesta institucional se adelante mediante los canales oficiales y sin exponer a la población a territorios donde podrían operar estructuras armadas ilegales.
La alerta de la Procuraduría combina la solicitud de búsqueda de las personas presuntamente retenidas, el impulso a las investigaciones por los homicidios y la adopción de medidas preventivas para las comunidades y las instituciones educativas de Ataco.
