El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó ante la Corte Constitucional una propuesta para ampliar la infraestructura carcelaria del país mediante asociaciones público-privadas. La exposición se produjo durante una audiencia de verificación sobre el estado de cosas inconstitucional por la vulneración masiva de derechos humanos en los centros de reclusión.
La sesión fue liderada por la alta corte, que mantiene el seguimiento a la situación penitenciaria desde 1998. En la audiencia, el Gobierno planteó buscar mecanismos de financiación y modificar las reglas aplicables a la construcción de cárceles. Andrés Barreto, secretario jurídico de la Presidencia, también anunció medidas relacionadas con la seguridad interna, entre ellas la instalación de inhibidores de señal y la rotación de los guardias.
“Cumplir una condena no significa dejar de ser persona”, dijo Diana Patricia Giraldo, interna del centro de reclusión El Buen Pastor, en Bogotá.
Giraldo pidió que la discusión considere a los familiares de las personas privadas de la libertad y señaló problemas en la alimentación de las internas. También reclamó mayores oportunidades de estudio y trabajo dentro de los establecimientos penitenciarios.
Datos de hacinamiento expuestos por la Corte
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez presentó cifras con corte al 24 de agosto de 2026. Según esos datos, los espacios de detención transitoria y las Unidades de Reacción Inmediata concentran una sobreocupación cercana al doble de su capacidad, mientras que los establecimientos del Inpec registran un nivel de hacinamiento menor, aunque también superior al número de cupos disponibles.
| Tipo de establecimiento | Capacidad | Personas recluidas | Situación reportada |
|---|---|---|---|
| Espacios de detención transitoria y URI | 9.686 personas | 18.824 | 94,34 % de sobreocupación |
| Establecimientos del Inpec (ERON) | 80.992 cupos | 101.543 | 25,3 % de hacinamiento |
Barreto rechazó el aumento de penas como respuesta única a la crisis y se refirió al “populismo punitivo”. La intervención oficial incluyó además la búsqueda de fórmulas para que el sector privado participe en la financiación y construcción de nuevos establecimientos, bajo esquemas de asociación con el Estado.
Proyectos y fechas anunciadas
Durante la audiencia también se informó sobre un plan que contempla nueve establecimientos de reclusión del orden nacional, con capacidad conjunta para 9.085 personas privadas de la libertad. El director del Departamento Nacional de Planeación, Julián Buitrago, explicó que cuatro de esas prisiones tendrían fechas de entrada en funcionamiento entre diciembre de 2026 e inicios de 2028.
- La prisión de Riohacha tiene como fecha propuesta de entrega diciembre de 2026.
- La cárcel de Sabanas de San Ángel, en Magdalena, registra un avance de ejecución del 87 % y se proyecta para agosto de 2027.
- El plan general anunciado incluye nueve establecimientos y 9.085 cupos.
La Corte Constitucional mantiene la vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas destinadas a superar la crisis penitenciaria. En ese marco, la audiencia sirvió para revisar tanto las condiciones actuales de las personas privadas de la libertad como los compromisos del Gobierno para aumentar la capacidad carcelaria y financiar las obras pendientes.
