El proyecto de sometimiento de organizaciones armadas entró en la etapa decisiva de su trámite en el Congreso. La iniciativa se discute con mensaje de urgencia y llegó al 3 de noviembre de 2026 con dos debates pendientes, después de que las plenarias del Senado y la Cámara avanzaran en la discusión de sus respectivas ponencias positivas.
El Senado trabajó el viernes en la ponencia favorable, aunque al cierre de esa sesión todavía no había votado el articulado. La Cámara hizo un ejercicio similar el lunes festivo. De acuerdo con el reporte de El Colombiano, los congresistas retomaban este martes la discusión, mientras el Gobierno mantiene como fecha límite el final de la jornada para que la propuesta complete los cuatro debates exigidos en el trámite legislativo.
“Veo una voluntad de contribución, de sectores inclusive diferentes a los cercanos al Gobierno”, dijo el senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, coordinador ponente.
Cadavid explicó que la iniciativa busca prorrogar el marco legal de orden público que, según su descripción, se ha aplicado desde 1997 y ha sido ajustado por los distintos gobiernos de acuerdo con sus políticas de seguridad. El debate ha reunido posiciones de congresistas de sectores políticos diferentes, en medio de la presión por terminar la discusión dentro del plazo fijado.
Para el Ejecutivo, la aprobación es prioritaria. El ministro de Justicia, Iván Cancino, habría buscado el viernes asegurar la asistencia de integrantes del Pacto Histórico a la sesión plenaria. La senadora Isabel Zuleta manifestó que respalda el proyecto porque lo considera una vía para enfrentar las violencias, pero planteó una condición frente a su aplicación.
“Es una manera de encontrar salidas a las violencias que tenemos”, afirmó Isabel Zuleta, quien también pidió que la norma no deje “el boquete de interpretación” para que la protesta social sea tratada como terrorismo.
Una oferta estatal con condiciones previas
El esquema planteado se diferencia de los procesos basados en mesas de negociación. La propuesta contempla una oferta unilateral de sometimiento, con requisitos establecidos por el Estado antes de que las organizaciones accedan a beneficios. El procedimiento tendría dos momentos:
- En la primera fase, bajo conducción del Gobierno, el grupo debe entregar la relación de sus integrantes y cumplir compromisos como abandonar las armas, liberar a personas secuestradas y a menores reclutados, aportar información sobre desaparecidos y entregar sus bienes.
- También tendría que revelar sus finanzas e indicar la ubicación de campos minados. Después comenzaría la etapa de judicialización, de acuerdo con la explicación divulgada sobre el proyecto.
La iniciativa se conecta con la agenda de seguridad del Gobierno, que también contempla un estatuto antiterrorista. Según lo informado, una de las tareas anunciadas para Alejandro Ordóñez cuando llegue al Ministerio del Interior será radicar esa propuesta. El Congreso debía resolver este martes si el proyecto de sometimiento logra completar los dos debates que le faltaban antes del vencimiento del plazo.
