La Cámara de Representantes dio su aprobación a la Ley de Sometimiento impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La votación terminó con 95 votos a favor y 10 en contra, y permitió que la corporación acogiera el articulado que ya había sido aprobado por el Senado. Con ese trámite, el proyecto quedó preparado para pasar a la sanción presidencial.
La norma crea un marco para que las organizaciones criminales se entreguen a la justicia y desarmen sus estructuras, sin que el Estado establezca negociaciones políticas con ellas ni les reconozca esa naturaleza. El Gobierno y los sectores que apoyaron el proyecto la han presentado como una vía distinta a la política de Paz Total aplicada durante la administración anterior.
Beneficios previstos para los sometidos
Uno de los ejes de la iniciativa es el régimen de beneficios judiciales para quienes decidan comparecer ante las autoridades. El texto aprobado diferencia entre los responsables principales de las organizaciones y quienes cumplen funciones de base dentro de ellas:
- Los principales cabecillas podrían obtener reducciones de hasta el 30 % de la pena.
- Los integrantes de base tendrían la posibilidad de acceder a rebajas de hasta el 50 %.
- El sometimiento incluiría la entrega de las economías ilícitas y el desmantelamiento de las estructuras criminales.
Durante la discusión parlamentaria se introdujeron cambios al proyecto. Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático y ponente de la iniciativa, explicó que el Congreso redujo los incentivos relacionados con conductas de lavado de activos. También señaló que fueron retiradas las ventajas que se contemplaban para quienes reclutaran a menores de edad.
Otro ajuste trasladó al Ministerio de Justicia la responsabilidad de financiar el proceso de sometimiento. La modificación busca evitar que esos costos sean asumidos por las alcaldías y las gobernaciones, de acuerdo con lo expuesto durante el trámite legislativo.
Un artículo eliminado durante el debate
La aprobación no mantuvo todos los apartados que había propuesto el Ejecutivo. La Cámara retiró el artículo 25, que entregaba al Ministerio del Interior facultades de contratación con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, conocido como Fonsecon.
La iniciativa tuvo respaldo de distintos sectores políticos y recibió observaciones favorables de entidades como la Defensoría del Pueblo. El resultado fue presentado por el Gobierno como un respaldo a su búsqueda de una política para el sometimiento de estructuras criminales. Al mismo tiempo, la votación mostró que el proyecto avanzó con márgenes diferentes entre los bloques que participaron en la discusión.
Con la aprobación del mismo texto en Senado y Cámara, el trámite legislativo quedó concluido. El siguiente paso anunciado es la sanción presidencial, después de la cual comenzará la aplicación del marco jurídico previsto para las organizaciones que decidan someterse a la Constitución y la ley.
