El Consejo de Estado ordenó al expresidente Gustavo Petro retirar de sus cuentas y medios bajo su administración las publicaciones en las que relacionó al registrador nacional, Hernán Penagos, y a la Registraduría con un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2026. La decisión fue adoptada en una tutela de primera instancia y le concede un plazo de cinco días, contados desde la notificación de la providencia.
La acción judicial fue presentada por Penagos en nombre propio y en representación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En el fallo, fechado el 30 de octubre, la corporación amparó los derechos a la honra y al buen nombre del registrador, además de la protección del buen nombre de la entidad electoral. La orden incluye las afirmaciones publicadas en la cuenta de Petro en X y las declaraciones que hizo durante el Consejo de Ministros del 14 de julio de 2026.
“Las bases comprobadas del posible fraude”, afirmó Gustavo Petro en una de las publicaciones cuestionadas.
Los mensajes que originaron la tutela fueron difundidos entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026, cuando Petro aún ejercía la Presidencia. En ellos sostuvo que Penagos se había negado a entregar el código fuente del sistema electoral y afirmó que el software había sido modificado en dos ocasiones el 26 de mayo. También aseguró que había identificado patrones de votación en 1.350 puestos que, según su interpretación, habrían beneficiado a uno de los candidatos.
La orden sobre las publicaciones
El tribunal determinó que las acusaciones atribuyeron al registrador y a la Registraduría la comisión o facilitación de conductas fraudulentas y delictivas sin que existiera una decisión de autoridad competente que las respaldara. Por esa razón, además de ordenar el retiro del contenido, fijó una medida para evitar que las mismas imputaciones se repitan.
- Petro debe eliminar las publicaciones identificadas en la providencia dentro del plazo judicial.
- También debe retirar las declaraciones relacionadas con el tema que haya difundido en cuentas o medios bajo su control.
- No podrá atribuir a Penagos un fraude electoral o delitos, ni señalar a la Registraduría de participar en uno, mientras no exista una decisión firme de una autoridad competente.
Durante el trámite, la defensa del expresidente mencionó una denuncia penal presentada el 13 de octubre contra el registrador. La Sala señaló que esa actuación ocurrió después de la difusión de los mensajes y de la presentación de la tutela, por lo que no podía servir como sustento de las afirmaciones realizadas en el momento en que fueron publicadas.
La decisión es de primera instancia. El Consejo de Estado también precisó que la orden se refiere a imputaciones concretas sobre un supuesto fraude y no a una prohibición general para cuestionar el funcionamiento del sistema electoral o formular denuncias por los canales institucionales. La restricción establecida está ligada a atribuir responsabilidades penales o electorales a Penagos y a la Registraduría sin el respaldo de una decisión judicial ejecutoriada.