La Corte Constitucional ordenó preparar un plan para trasladar a 2.615 personas privadas de la libertad que permanecen desde hace más de un año en estaciones de Policía. La instrucción fue impartida al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y a la Policía Nacional, entidades que deberán coordinar una salida progresiva de esos detenidos hacia establecimientos adecuados.
La determinación está contenida en el Auto 1460 de 2026, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. Según la decisión, las entidades tendrán un plazo de dos meses contados a partir de la notificación de la providencia para presentar una estrategia que organice los traslados. Las estaciones y las unidades de reacción inmediata fueron concebidas para retenciones temporales, no para alojamientos prolongados.
Una permanencia que supera el carácter transitorio
La información revisada por el alto tribunal, con cifras de la Policía Nacional al 6 de abril de 2026, estableció que el grupo estaba compuesto por 2.567 personas imputadas y 48 condenadas. La Corte examinó las condiciones de reclusión y advirtió que la permanencia extendida en instalaciones policiales puede comprometer derechos fundamentales y las garantías asociadas a la privación de la libertad.
El auto también abordó la situación general de los establecimientos penitenciarios del país. Para ese momento, Colombia registraba 124.104 personas privadas de la libertad en centros con capacidad para 93.654 internos. La diferencia era de 30.450 personas, equivalente a un hacinamiento del 33 %, según las cifras analizadas por la Corte.
| Dato revisado por la Corte | Cifra |
|---|---|
| Personas con más de un año en estaciones de Policía | 2.615 |
| Capacidad de los establecimientos penitenciarios | 93.654 |
| Personas recluidas en esos establecimientos | 124.104 |
| Sobrepoblación registrada | 30.450 |
Las obligaciones señaladas
La orden judicial exige que el traslado sea organizado de manera gradual por las entidades involucradas. Entre los aspectos que la decisión relaciona con la situación penitenciaria están las condiciones de alojamiento, alimentación, atención en salud, seguridad y resocialización. Esos servicios enfrentan dificultades cuando las personas permanecen durante periodos extensos en lugares que no cuentan con infraestructura carcelaria.
- El INPEC deberá participar en la organización de los traslados hacia los establecimientos penitenciarios.
- La USPEC y la Policía Nacional hacen parte de las entidades llamadas a presentar la estrategia.
- El plan debe ser entregado dentro de los dos meses posteriores a la notificación del Auto 1460 de 2026.
La Corte reiteró que los centros de detención transitoria no deben convertirse en lugares de reclusión permanente. La decisión vincula esa advertencia con la obligación estatal de garantizar condiciones compatibles con la dignidad humana mientras se define la situación jurídica de cada persona y durante el cumplimiento de las condenas.
